Artículo 006:
La sustentabilidad como contexto productivo.
Lic. Gustavo Resch.
2003. INTA,
Oficina Técnica Canals.
Esta recopilación busca
ofrecer elementos de análisis para entender las múltiples interacciones entre la
teoría económica y las formas que funcionan los mercados actuales, las
relaciones entre la sociedad y la naturaleza y los instrumentos disponibles para
lograr la sustentabilidad.
Las múltiples definiciones de
sustentabilidad tienen en su mayoría un elemento en común que involucra el
concepto de desarrollo, significando algo más que sólo crecimiento
económico, y haciendo énfasis en la equidad inter-generacional.
En este sentido la
sustentabilidad puede definirse como el patrón que asegura a cada una de las
generaciones futuras la opción de disfrutar, al menos, el mismo nivel de
bienestar que disfrutaron sus antecesores (Solow, 1992).
Con respecto a la
sustentabilidad agropecuaria, es aquella que es capaz de mantener, a través de
los años, niveles aceptables de productividad biológica y económica, preservando
el ambiente y los recursos naturales y satisfaciendo al mismo tiempo un
requerimiento impostergable de la sociedad (Ikerd, 1990).
Conocer los límites para un
crecimiento económico y hacerlo sostenible basándose en la explotación de
recursos naturales limitados y finitos, ha preocupado a prominentes filósofos
sociales y economistas desde finales del siglo XVIII. Thomas Malthus (1798)
propuso un argumento importante: sostuvo que mientras la población crecía en
progresión geométrica, la producción de bienes aumentaba en progresión
aritmética. Según esta visión, el crecimiento económico no sería sustentable a
largo plazo a menos que las poblaciones redujeran su tasa de crecimiento
poblacional.
Algunos años después David
Ricardo (1817) desarrolló el modelo malthusiano y le incorporó un principio
científico conocido como Ley de la Productividad Marginal Decreciente. En la
actividad agropecuaria se visualiza este modelo fácilmente: al reducirse la
productividad de los suelos y al continuar creciendo la población, la
agricultura avanzaría sobre áreas más marginales y menos productivas, donde a su
vez, la productividad marginal tendería a caer más rápidamente, pero David
Ricardo introduce en su visión un principio muy importante: “el conocimiento
científico como factor superador de las limitaciones que imponen los recursos
naturales”; sobre la base de este fundamento nace una suerte de optimismo
tecnológico que alcanzó tanto a los pensadores y economistas liberal-capitalista
como a los socialistas. Economistas liberales como John Stuart Mill (1806-1873),
enrolados en una filosofía utilitarista, ampliaron la visión ricardiana
haciéndola predominar hacia fines del siglo XIX. Por otro lado, un ideólogo y
fundador del socialismo Federico Engels en 1848 también rechazó el pesimismo
malthusiano al afirmar que “la ciencia crece al menos tanto como la población”.
La concepción implícita de la
tierra como factor de producción infinito y renovable además de sustituible por
tecnología ha sido una de las fuerzas motrices del desarrollo agrícola no
sustentable.
En una economía de mercado se
supone que los precios de los bienes y servicios reflejan la escasez relativa (y
la productividad marginal) de los recursos que fueron usados en su producción.
Si un recurso se vuelve más escaso su precio sube y habrá un mayor incentivo
para los que usan ese recurso para buscar otros más baratos. Por ejemplo, si se
acaba la frontera agrícola y ya no hay una abundancia de nuevas tierras para
incorporar a la producción, el precio de la tierra tenderá a subir y habrá un
incentivo para los agricultores de encontrar nuevas tecnologías como variedades
mejoradas o fertilizantes (efecto sustitución) que permitan hacer un uso más
intensivo de la tierra. De igual forma, se supone que si el petróleo empieza a
escasear a escala mundial, su precio subirá y eso estimulará la inversión en
otras fuentes de energía y en cambios tecnológicos que faciliten la sustitución.
Dentro de esa perspectiva el
agotamiento de algún recurso natural o la disminución de algún servicio
ambiental no debe preocupar tanto, porque inevitablemente generarán procesos de
cambios en los precios relativos que llevan a sustituir esos recursos o
servicios, ahora más escasos, por otros. Pero esto no es así: confiar en el
mercado como única instancia para adjudicar valores a todos los recursos
naturales tiene algunas limitaciones, ya que los mercados funcionan de hecho
como mecanismo para la administración de escasez y los precios relativos son un
reflejo de las relaciones (derecho) de propiedad. Algo que no tiene dueño, o
cuyo dueño no tiene la capacidad de hacer valer sus derechos, siempre tendrá un
precio cero, e inevitablemente habrá una tendencia a sobreexplotarlo.
En el pasado en muchos
contextos parecía que la atmósfera, los océanos, los bosques, los peces, los
servicios de control de plagas de los depredadores naturales, las aguas dulces y
los recursos genéticos eran inagotables, y por lo tanto, nunca se definieron
derechos claros respecto al uso y transferencia de los mismos.
A comienzos de la década del
‘70 aparecen subproductos indeseables o secuelas negativas del crecimiento
económico:
a) basuras y desechos,
b)
contaminación de agua, aire y
suelo,
c)
agotamiento de recursos naturales,
d)
no renovabilidad de algunos de
ellos,
e)
pérdida de calidad de vida por
deterioro del ambiente urbano,
f)
extinción de especies de plantas y
animales silvestres,
g)
erosión de suelos, etc.
Ante esta problemática se
plantean dos visiones diferentes de crecimiento económico-ambiente-sustentabilidad,
como sé venia diciendo en la primera línea, la utilitarista, antropocéntrica, en
la cual el hombre es la medida de todas las cosas (Tisdell, 1991). En
ella, el ambiente vale en la medida de su capacidad para producir bienes
económicos para el hombre, y sólo cabe ocuparse de los problemas ambientales
cuando estos comienzan a afectar el suministro de bienes. La otra visión,
aparecida en épocas recientes, es la naturalista. Nace de una concepción ética
diferente que da al ambiente y al resto de las especies una importancia vital
para mantener el equilibrio de la biosfera, desplazando al hombre y a sus
intereses económicos del centro de la escena. No asigna al humano ningún derecho
especial que lo habilite a exterminar partes de la comunidad biológica (Leopold,
1966), cuestionando los fundamentos económicos convencionales, como el PBI,
que no contempla la pérdida del componente ambiental; el PBI puede crecer de año
en año en un país, y sin embargo, su condición ambiental puede declinar.
En general, puede admitirse
que la corriente utilitarista ha sido un fundamento filosófico para las
tecnologías de la llamada revolución verde. Estas tecnologías, apoyadas en el
uso de paquetes bio-químicos, dependientes de los combustibles fósiles, crean
ambientes artificiales cada vez más alejados de la condición natural. El éxito
de este modelo de producción fue, sin duda, impresionante, erradicando el hambre
de vastas regiones subdesarrolladas. Pero también dejó secuelas ambientales
negativas, es por ello que surgen interrogantes acerca de la viabilidad de este
modelo en el largo plazo.
En la actualidad comienza a
afirmarse la conciencia de sustituir aquel paradigma productivo por otro
distinto que se ocupe de la integridad del ambiente como una herencia que hay
que dejar a las generaciones futuras (Conway, 1987; Marten, 1988),
tomando fuerza el concepto de sustentabilidad.
La sustitución de los
recursos lógicamente continuará siendo el principal factor de cambio
tecnológico, aunque tal vez no exactamente con las mismas modalidades que impuso
el paradigma de la línea utilitarista antropocéntrica.
El desafío de la actividad
agropecuaria sustentable puede llegar a pasar por una sustitución relativa: la
de insumos por procesos.
La agricultura moderna e
intensiva está fuertemente apoyada en tecnologías de insumos, o sea tecnologías
de tipo material, tangibles, que se pueden comprar en el mercado y se aplican o
consume casi como una medicina.
En general las tecnologías de
insumos están asociadas a un desarrollo previo de naturaleza industrial y tienen
por tanto un costo económico, su aplicación no demanda mucho tiempo y se
realizan en momentos precisos. Su uso suele ser sencillo y a veces rutinario. A
menudo suelen ser tecnologías coyunturales: se puede entrar y salir de ellas con
relativa facilidad. Ejemplos de dichas tecnologías son: antiparasitarios,
fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, semillas con genética
mejorada, vacunas, etc., y su adopción no son complicadas.
La tecnología de procesos, en
cambio, es inmaterial, intangible, requiere de una aplicación casi personalizada
y más que un costo económico, tiene un costo intelectual, siendo su adopción más
dificultosa, se citan como ejemplo las tecnologías de manejo (de pasturas, de
suelos, de rodeos, de plagas, de cultivos, etc.) y gerenciamiento de actividades
complejas y creativas.
Estas tecnologías están
relacionadas a emprendimientos de largo plazo y de estructura más que coyuntura.
Hoy en día tal vez sea una
utopía pensar que los insumos puedan ser totalmente sustituidos por procesos,
pero sí las tecnologías de procesos deben ser intensificadas para optimizar la
aplicación de tecnologías de insumos, resguardando al mismo tiempo efectos
negativos sobre el ambiente y los recursos naturales.
El ejemplo de la falta de
sustentabilidad es el proceso de agriculturización (aumento de la actividad
agrícola) en zonas donde la aptitud de los suelos y el clima propician que los
sistemas tengan más de un 50 % de su superficie dedicada a la ganadería. No
obstante esta actividad disminuyo considerablemente por varios factores: un
proceso de descapitalización que obliga al productor a optar por la agricultura
como herramienta para “salvarse” cubriendo los baches financieros a corto plazo.
Esto sucede con el empresario agropecuario dentro de un marco cultural poco
productivista, generado por un sistema macroeconómico especulativo, castigando a
los “sistemas productivos eficientes”, este proceso alternativo también fue
ayudado por la tecnología de insumos de rápida absorción por parte del
productor, la cual fue incitada por las empresas comerciales.
La secuela indeseable de esta
agriculturización es la insostenibilidad de los sistemas produciendo erosión
eólica, hídrica, acumulación de desechos ambientales (contaminación ambiental),
perdida de biodiversidad, concluyendo en un agotamiento de los recursos
naturales no renovables.
Actualmente hay una
incipiente valorización de los bienes ambientales, por una necesidad cada vez
más apremiante de impulsar modelos de desarrollo económico que sean sustentables
y compatibles con la preservación de los recursos naturales y su calidad,
intensificando la tecnología de procesos para optimizar la de insumos.
Para esto es necesario
trabajar sobre uno de los problemas económicos básicos que la sociedad se ha
ocupado en todos los tiempos, que es la asignación de recursos. Planteado
en términos muy simplistas esto quiere decir, que la sociedad tiene que tomar
decisiones sobre cómo distribuir los recursos (capital, trabajo, recursos
naturales, etc.) en la producción de bienes cuya demanda parece superar siempre
las posibilidades de la oferta. De hecho, la reflexión sobre los problemas que
supone la asignación de recursos es tan vieja como el propio análisis económico,
más antigua es su solución: la humanidad lo ha resuelto, de una u otra forma,
desde el inicio mismo de la vida organizada. Y lo ha hecho de maneras
diferentes. Pensemos en: organizaciones tribales, grandes imperios de la
antigüedad, gremios medievales, plantaciones esclavistas, monarquías absolutas,
sociedades socialistas, etc. En la sociedad actual, sin embargo parece haberse
impuesto, para bien o para mal: el sistema de mercado. Es de hecho la
forma recomendada por los primeros economistas teóricos como la “mejor” en un
óptimo paretiano insesgado. Su mecanismo es sencillo: en un mercado
idealmente competitivo, donde confluyen toda una serie de agentes económicos
(productores, trabajadores, consumidores) que, actuando de manera “racional”
(maximizando la función objetivo, definida en el modelo) generan, a través de su
interacción, los precios. Estos precios o señales, son las que determinan
finalmente, la solución al problema de la asignación de recursos escasos. En
efecto: los consumidores muestran así sus preferencias (y la intensidad de las
mismas) por una serie de bienes y servicios; y su disposición a pagar por ellos.
Las empresas recogen esta información y organizan el proceso productivo en
consecuencia. La competencia entre ellas, así como entre los propios
consumidores y entre los oferentes de los servicios productivos, garantiza en
principio la optimización del resultado.
Ahora bien, eso si la
sociedad funcionara como el modelo desarrollado. Las cosas no son así, y el
mercado de la vida real se parece poco al ideal del modelo: tiene
imperfecciones.
En primer lugar, porque lo
que caracteriza el funcionamiento del sistema no es la competencia perfecta,
sino un amplio abanico de formas de competencia imperfecta, tanto en los
mercados de bienes y servicios como en el de los factores producción: donde hay
monopolios, monopsonios y oligopolios; rigidez en los mercados de trabajo y
capital; la existencia de diversas formas de racionamiento en este último, la
intervención del gobierno a través de impuestos, subsidios, etc.
En segundo lugar, por lo
incompleto de muchos mercados, con los graves problemas de la falta de
información, etc.
Finalmente, y éste es el
punto que más interesa aquí, porque existe todo un conjunto de bienes y males
que, por carecer de un mercado en el que intercambiarse, carece asimismo de
precio: es el caso de los llamados bienes públicos, o las externalidades en
términos generales.
El medio ambiente cumple toda
una serie de funciones que afectan al bienestar de la sociedad. Cambios en su
calidad, por lo tanto, tienen un efecto directo sobre él. No puede olvidarse,
sin embargo, que por todas estas funciones derivadas, el medio ambiente es
esencial para la continuidad de la vida misma.
En este sentido, el medio
introduce una serie de restricciones, limites, que no se pueden traspasar. No se
puede elegir si se respetan o no. En este sentido, es la ecología la
encargada de delimitar los estados viables de la naturaleza. Al análisis
económico le quedaría la no desdeñable tarea de discutir, entre otras cosas, la
compatibilidad de los distintos modelos de crecimiento y de organización social,
con esos límites ecológicos, analizar las vías más adecuadas para respetarlos;
los cambios económicos e institucionales que habrían de introducirse, en su
caso, para lograrlo, y los efectos macro y microeconómicos que la adopción de
estas medidas supondría. No es tarea despreciable, pero en ella el estado del
medio ambiente aparece como una restricción, delimita lo que es viable y lo que
no. No tiene mucho sentido plantearse su valoración económica, ya que no es
posible elegir entre distintos estados posibles.
El estado viable de la
naturaleza no es único. Y tiene sentido, por tanto, preguntarse por el valor
económico de cada uno de ellos: por el bienestar que la sociedad deriva de la
calidad ambiental que los define. Sin olvidar, además, que la calidad ambiental
sobre la que se decide, es el resultado de la propia actividad de la sociedad.
Prácticamente toda la producción es agresora del medio en mayor o menor medida.
Sin embargo, como no parece que la sociedad esté dispuesta a prescindir de los
productos del mercado, sería conveniente conocer cuál es el costo ambiental que
estas actividades suponen, para poder decidir hasta dónde valen la pena.
Teniendo en cuenta además,
que este costo debe reflejar el valor de la calidad ambiental para nosotros, y
para los que vienen detrás.
Las ciencias básicas en
general informan ahora sobre las características de cada uno de los estados
viables de la naturaleza: su posible evolución e interrelaciones. A partir de
ahí, la sociedad decide lo que quiere. El análisis económicos que se sugieren
hoy en día pretenden contribuir con certeza a este proceso de decisión,
intentando descubrir cómo valora la sociedad cada uno de estos posibles estados
de la naturaleza. En definitiva, un proceso de evaluación económica incorporando
el impacto de la producción en el ambiente.
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